Una de las consecuencias de la crisis ha sido la ruptura de la mesa del diálogo social. Los sindicatos denunciaron ayer que esta situación ha originado que las subidas salariales de muchos convenios no se estén llevando a cabo y que algunos ni siquiera se hayan aún renovado. Según los datos facilitados por UGT y Comisiones Obreras, hay unos 40.000 trabajadores pertenecientes a 8.000 empresas de la provincia afectados por la falta de acuerdo entre patronal y sindicatos.
Ante esta situación, las organizaciones obreras han elaborado un calendario de movilizaciones por diversos municipios de la provincia durante este mes, como es el caso de Montilla, Lucena, Puente Genil o la capital. Estos actos reivindicativos culminarán con una manifestación en Madrid convocada para el 12 de diciembre.
En la actualidad son 25 los convenios colectivos que no se cumplen o que están por renovar en Córdoba, aunque los sindicatos resaltaron dos. Por un lado, el sector de la construcción está pendiente de que los empresarios aprueben la subida salarial del 3,5% pactada para este año y que ya está vigente en otras 44 provincias del país.
Por otro lado, está la actividad de la madera, que se encuentra en una situación parecida a la de la construcción, aunque en este caso el alza de los sueldos estaba establecida en un 3,3% para 2009.
Otro sector afectado por esta coyuntura es la agricultura, cuyo convenio está pendiente actualmente de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En este sentido, las centrales abogaron por que las 35 peonadas que son necesarias en este momento para tener derecho al subsidio agrario se vean reducidas a 20 para que un mayor número de ocupados puedan acceder a esta ayuda.
El secretario provincial de Comisiones Obreras, Rafael Rodríguez, dijo que la paralización de la negociación colectiva forma parte de «una estrategia premeditada de la patronal para mantener sus márgenes de beneficios a costa de los trabajadores» en los actuales tiempos de crisis.
Más gasto social
Los sindicatos también defendieron la necesidad de incrementar el gasto social, aunque sea aumentando el déficit público, que ya se sitúa en el 10%. Además, en su opinión, la actual ayuda de 421 euros a la que tienen derecho los parados que hayan agotado el tiempo de prestación es «insuficiente» y «discriminatoria» porque «esa cantidad no permite llevar una vida con dignidad» y porque «no se utilizan criterios de necesidad» para su reparto.
El responsable provincial de UGT, Antonio Fernández, reclamó un mayor control de las administraciones respecto a las subvenciones que se conceden a las empresas.
fuente/abc.es