Entre los años 2005 y 2008, la renta por los hidrocarburos (Government Take) subió significativamente de 1.012 millones de dólares (MM$us) a 2.647 MM$us, es decir, más del doble. Esto se debió principalmente a la escalada de precios del petróleo. No a la mayor producción en el país.
Sin embargo, a pesar de la millonaria renta percibida, la inversión en el sector bajó entre los mismos años (207 MM$us y 274 MM$us, respectivamente), de 17,8% a 10,3% en relación con la renta mencionada. En lugar de mantener una relación directa; a mayor renta, mayor inversión, como única posibilidad de garantizar la reproducción de excedentes, se ha procedido de manera inversa. Siendo pertinente recordar que la inversión citada no fue realizada por YPFB, sino por las empresas petroleras. ¿Cómo se puede pretender reproducir el excedente si no existe reinversión en el sector?
Las preguntas sobre el destino de los excedentes del sector que no se reinvirtieron como lo aconseja la ciencia económica; tienen respuestas en la política económica del Gobierno, en el gran incremento del gasto público, en el incremento de las importaciones y en las innumerables campañas políticas.
Uno de los aspectos que tiene gran relevancia es la política de bonos. En 2007 y 2008, el Gobierno ha erogado 261 MM$us y 281 MM$us, respectivamente, en el pago de tres bonos. El presente año 2009 se pagarán dos más, el bono Juana Azurduy y el de los funcionarios públicos, con lo que serían cinco bonos. Si se comparan estos montos con las inversiones petroleras en los mismos años (207 MM$us y 247 MM$us, respectivamente), se encuentra que en 2007, la inversión petrolera en Bolivia fue 20% menor que los bonos pagados, y el año 2008 fue de 12% menos que el valor de los bonos. Este año, la suma que erogará el Gobierno por concepto de los cinco bonos será de 335 MM$us, este monto a todas luces lo que hace es fortalecer la disposición rentista del Gobierno en detrimento de la productividad.
Otro de los destinos de la renta petrolera son las indemnizaciones pagadas por las “nacionalizaciones” que cada 1 de mayo se vienen decretando. Contando hasta la fecha las indemnizaciones, sólo para las empresas “nacionalizadas” del sector, se llega a un monto de 713 MM$us. A esta suma se deben agregar la cantidad que se convenga con Air BP, los 156,39 MM$us adeudados por Andina, Chaco y CLHB al fisco, y los 350 MM$us que demandaron los accionistas de Entel. Como se puede ver, las “nacionalizaciones” del Gobierno han superado ampliamente los 1.000 millones de dólares.
Como agravante del cuadro descrito, se han empezado a conocer los resultados económicos de la gestión económica en las empresas estatizadas. En el caso de Entel, las utilidades entre los años 2007 y 2008 han bajado de 95 MM$us a 56 MM$us, equivalente a un descenso del 41%. En Transredes, las utilidades bajaron también, de 95 MM$us a 50 MM$us, es decir, un 46% menos en las mismas gestiones. Todavía no se conocen los balances ni de Chaco ni de CLHB. Las explicaciones y justificaciones de los magros resultados pueden ser diversas, desde ajustes contables hasta pasivos ocultos, pero las cifras son elocuentes. En la medida en que las utilidades merman, disminuyen también las posibilidades de efectuar reinversiones de consideración en las empresas. La reproducción del excedente no depende únicamente de las inversiones ni de la seguridad jurídica para su ejecución, hay otros factores de igual o mayor importancia, como son la necesidad de regímenes fiscales sostenibles y la consolidación de mercados.
De manera lamentable, en nuestro país se han dado todas las condiciones para consumir ávidamente el excedente sin ninguna previsión para su reproducción. La suma de todos estos aspectos nos muestra dramáticamente los defectos del rentismo, que ha dado resultados nocivos en muchos países que lo fomentaron. Es lo que se conoce como la Maldición de los Recursos Naturales.
Fuente/laprensa.com